El Fiscal Guillermo González Sacco y la fiscal adjunta Candela Sequeiros se reunieron con las autoridades de la obra social de Río Negro, encabezadas por Marcela Ávila y la vicepresidenta Ivana Porro, junto al equipo legal del instituto. El objetivo de la reunión fue ampliar detalles sobre tres denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público Fiscal por presuntas defraudaciones contra la entidad.

Durante el encuentro, González Sacco solicitó información detallada sobre los procedimientos internos de #IPROSS y los controles relacionados con las presentaciones judiciales realizadas. Se reveló que en las maniobras fraudulentas estarían implicados un establecimiento de salud mental en Roca, una enfermera de Mendoza por presuntas prestaciones en El Bolsón, y un supuesto afiliado de Cinco Saltos, todos buscando obtener beneficios indebidos a costa de la obra social provincial.

Denuncias

Marcela Ávila, titular del IPROSS, fue la encargada de presentar personalmente las tres denuncias penales ante el Fiscal General de la provincia, Fabricio Brogna, en la sede del Ministerio Público Fiscal de Viedma. Las defraudaciones fueron descubiertos tras exhaustivas auditorías realizadas desde el inicio de la gestión, donde se constató que en dos casos se habían realizado pagos hasta el mes de febrero por servicios presuntamente facturados.

La gravedad de los hechos denunciados pone en evidencia la necesidad de investigar a fondo las irregularidades cometidas en perjuicio de la obra social de los rionegrinos.

Las autoridades involucradas se mantienen firmes en su compromiso de llevar adelante las acciones legales correspondientes para esclarecer y castigar a los responsables de este fraude que afecta directamente a los beneficiarios del sistema de salud de la provincia.

La lucha contra la corrupción en las instituciones públicas es un desafío constante, y casos como estos demuestran la importancia de la transparencia y la honestidad en la gestión de los recursos destinados a la atención de la salud de la población. Ahora será responsabilidad de la justicia determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes a aquellos que intentaron defraudar a la obra social de Río Negro.

Farmacéuticos

En otro orden de cosas, cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal solicitó el jueves  penas de entre siete años y 11 años y medio de prisión efectiva para las cuatro personas ya declaradas responsables penales de “estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública” y más concretamente contra el Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS).

En sus alegatos, la fiscalía hizo especial referencia al monto del daño causado cuya última actualización asciende a 4.100.000.000 de pesos y enfatizó en la cantidad de víctima contando entre estas a la totalidad de los afiliados que se vieron perjudicados, directa o indirectamente, por esta estafa millonaria. Además, destacó el nivel de esta organización evidenciado en la maniobra delictiva y la selección del objeto de la estafa.

“Se tratan de más de 574 hechos, cada uno de ellos tuvo una modalidad distinta. Esto era un accionar preparado, tenían estudiado cómo cometer cada maniobra. Tal como se destacó en la sentencia de culpabilidad, se trataba casi de una organización criminal, que había seleccionado determinados medicamentos, de mucho valor, con una cobertura del 100 por ciento por parte de la obra social”, explicó la fiscal jefa.

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