El Poder Ejecutivo provincial emitió el Decreto N° 256 por el que se aprueba la reglamentación de la Ley N° 5.669 de “Regulación de las actividades vinculadas al acopio, comercialización y transporte de metales no ferrosos”, y quienes desempeñan esas actividades están obligadas a inscribirse en un registro que se asienta en la Subsecretaría de Articulación de Políticas del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los datos solicitados para la registración serán identificación de la persona humana o jurídica, domicilios, habilitación comercial, constancias de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en la autoridad tributaria provincial que corresponda. Asimismo, deben dar cuenta de un  inventario de metales no ferrosos que poseen al momento, indica la normativa publicada hoy en el Boletín Oficial de Río Negro.

Una vez registrada, el comerciante deberá asentar todas sus operaciones en el Registro indicando operaciones de adquisición y enajenación, fecha de la operación, modalidad de la operación comercial realizada, contraparte de la operación, datos de facturación, incluyendo número de factura y monto de la operación, descripción precisa del metal, incluyendo peso, características y estado.

En operaciones de traslado deberán consignar la fecha de envío, nombre e identificación de quien realiza el traslado, identificación del transporte, nombre y dirección de quien envía, nombre y dirección de quien recibe, descripción precisa de la carga incluyendo peso, características y estado, valor declarado de los bienes enviados. En todos los casos deberá existir una exacta correspondencia entre el material descripto -en cuanto a peso, características y estado- en el Registro y la documentación probatoria de su adquisición y legal tenencia, de su enajenación y las existencias en depósito. El asiento de las operaciones de traslado generará una Guía de Transporte con los datos ingresados, que será necesaria para el transporte de la carga. Quien realice operaciones de traslado, deberá acudir a un destacamento policial de la Caminera de la localidad de origen con la Guía de Transporte para obtener el visado policial.

Las infracciones muy graves implicarán multas de entre 15 y 500 salarios mínimos de la administración pública provincial y/o clausura del establecimiento, las  graves entre 10 y 200 salarios más clausura del local. También habrá sanciones pecuniarias consideradas medias de entre uno y 100 salarios, leves que implicarán un apercibimiento y hasta 10 salarios, entre otras.

El preocupante del robo de cables, transformadores de potencia eléctrica, medidores de agua y actos de vandalismo en cementerios, motivados por la búsqueda de metales como el cobre o el bronce, se incrementó exponencialmente. Esta problemática, que se ha agudizado tras la pandemia, ha impactado especialmente en el Alto Valle, siendo esta región la más afectada en la provincia. En los primeros seis meses de 2023, se estimó que se sustrajeron alrededor de 10.000 metros de cable de baja tensión y 5.000 de media tensión, además de la destrucción de unos 130 transformadores de potencia.

Esta situación no solamente interrumpe servicios básicos como electricidad, agua y comunicaciones para los usuarios sino que también genera pérdidas millonarias para las empresas prestadoras y pone en riesgo vidas humanas debido a la falta de medidas de seguridad adecuadas.