La querella solicitó la declaración de testigos que no están en el listado inicial. Entre ellos el de Rubén Sella, dueño del boliche donde fue visto por última vez Atahualpa, actualmente preso por corrupción de menores.
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Por Silvano Eric Rosso
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A pocos días de iniciarse el segundo juicio para esclarecer el asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya, todavía resuenan fuertemente algunas de las declaraciones que en este breve lapso se pudieron escuchar, no solo de los testigos ante el tribunal, sino también de uno de los imputados.


Pero además de iniciarse este segundo juicio para determinar la culpabilidad o no de los tres acusados, en esta semana tuvieron un importante avance las causas contra los funcionarios judiciales que tenían a su cargo la investigación al momento del hecho.


Sin embargo, los resultados no son los esperados por la familia.

 

Segundo juicio penal
A diferencia del anterior, cuya sentencia absolutoria fue anulada por el Superior Tribunal de Justicia, este segundo juicio será más breve.


Menos serán los testigos y se calcula que a mediados del mes de abril, se escucharán los alegatos de las partes.


De la familia y en calidad de testigos, declararon la prima y la hermana de Atahualpa, Laura Vinaya y Ayelen Martínez respectivamente.
Pero fue Laura quien esbozó severas críticas a la investigación y la imposibilidad que a causa de las graves irregularidades denunciadas, se han visto imposibilitados de conocer la verdad.


El debate oral y público comenzó el pasado 1 de marzo y hasta el momento, solo se celebraron tres audiencias.


A excepción de la primera, que incluyó acciones jurídicas comprendidas en el derecho penal, en las restantes dos se generaron elementos que podrían dar un vuelco a la causa.


En la segunda audiencia, uno de los testigos, de identidad reservada, fue acusado de emitir falso testimonio, y quedó detenido.


Ya había declarado en el primero de los juicios, y había avalado su declaración en sede judicial; pero sus argumentos se contraponen con los aportados en esta oportunidad; lo que generó la sanción del Tribunal.


En la tercera audiencia, más allá de las declaraciones de testigos que no brindaron precisiones sobre la presencia de los acusados y la víctima en los escenarios posibles; la querella solicitó la declaración de testigos que no están en el listado inicial.


Entre ellos el de Rubén Sella, dueño entonces del boliche MiLoka, donde fue visto por última vez Atahualpa, y actualmente preso acusado de delitos vinculados a la corrupción de menores.


El pedido de la querella responde a que Sella fue mencionado en varias de las declaraciones de los testigos.


Más allá de las acusaciones en marcha, el manto de duda persiste sobre la real participación de los tres imputados en el hecho: Felipe Carrasco, Carlos Morales y Belén Barrientos; y pese a la sospecha de la familia de Atahualpa sobre algún grado de conocimiento de los hechos sobre estas personas, fueron ellos mismos los que denunciaron durante casi 10 años la impunidad enquistada en los sectores de poder, asegurando que hay más personas implicadas consideradas “intocables”.


Sobre este particular, otra vez los hicieron con la última resolución del Consejo de la Magistratura, que podría disponer de una sanción mínima para el juez de Instrucción de entonces, el doctor Carlos Reussi (ver aparte).


La próxima audiencia será el lunes 18, a partir de las 9.


El tribunal lo integran Carlos Mussi, Marcelo Valverde e Ignacio Gandolfi.

 

Laura
“Nos dejaron 10 años esperando en la impunidad y esa impunidad se llevó la vida de Julieta (Vinaya, mamá de Atahualpa). Queremos saber la verdad. Sin verdad no será posible reconocer la justicia. Es el Poder Judicial de otorgarnos a los ciudadanos comunes la posibilidad de la verdad y la justicia. Seguimos esperando una respuesta como lo merecemos, dignamente. Lo hemos sostenido en una lucha inclaudicable, como la de Julieta”, dijo Laura Vinaya.

 


Julieta falleció el 28 de octubre pasado. Durante sus últimos 10 años dedicó su vida a hallar justicia por la muerte de su hijo, a punto tal de resignar su salud con tal de alcanzar su noble objetivo.


No lo logró, pero su lucha sigue en el clamor por el pronto esclarecimiento del asesinato de Atahualpa Martínez, ocurrido el 15 de junio de 2008.

 

Julieta Vinaya, la mamá de Atahualpa, falleció el 28 de octubre pasado. Supo denunciar a jueces y fiscales, y poner de relieve el entramado político y judicial; denunciando los vicios del poder

Julieta supo transformar el dolor en lucha, y su acción no pasó desapercibida.


Molestó e inquietó con su sola presencia a las personas de saco, que en su poder tenían la responsabilidad de darle respuestas a sus justas pretensiones.


Pero además de cargar sobre sus espaldas el clamor de justicia por Atahualpa, puso su cuerpo, en acción solidaria y altruista, para reclamar justicia por las tantas injusticias relacionadas con el poder que se han cometido en Viedma y en Río Negro.

 

Carlos Reussi, el más beneficiado de todos
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El pasado día jueves se reunió el Consejo de la Magistratura, y entra varias de las resoluciones en torno a la causa Atahualpa, resolvió que el expediente ligado a la actuación que tuvo entonces el juez de Instrucción Carlos Reussi, sea resuelto en el marco del Superior Tribunal de Justicia.


Esto implica que el máximo organismo judicial puede disponer de una sanción para el ahora juez de Cámara, que será de menor impacto al hartamente reclamado por la familia del joven y varios sectores de la comunidad, que entienden, al igual que el informe presentado por una comisión legislativa hace más de tres años, que hubo graves irregularidades y por ende, corresponde su destitución.


Según se informó, el informe de Casadei aconsejó enviar al ámbito de la Procuración los expedientes de Zágari y Falca para que se evalúe si corresponde el juicio político.


En el caso del juez Reussi, solicitó su envío al Superior Tribunal de Justicia, para evaluar eventuales sanciones de menor entidad, entendiendo que la responsabilidad no es la misma gravedad que los otros funcionarios judiciales.

 

El expediente ligado a la actuación que tuvo entonces el juez de Instrucción será resuelto en el marco del Superior Tribunal de Justicia

Los legisladores Leandro Lescano, Tania Lastra y Nicolás Rochás, los representantes del colegio de abogados Alejandro Montanari, Cirilo Bustamante y Sandra Eisaguirre votaron afirmativamente por sostener el informe sumariante en cuanto a sus conclusiones respecto a Falca y Reussi.


Esto significa que queda descartada la posibilidad de juicio político a Reussi.


Sí en cambio se puede avanzar con este proceso para el ex fiscal Ricardo Falca, lo cual entra en un simbolismo, ya que Falca está jubilado.


Se expuso además que la actual jueza Daniela Zágari, entonces fiscal del caso, había presentado un recurso de casación que requería de

un tratamiento previo.


El legislador Nicolás Rochás solicitó que quede en actas su posición: dijo que no obstante coincidir con la conclusión del sumariante respecto a Falca y Reussi, “acá falta gente. Se esta valorando solamente la etapa de instrucción, pero hay una sentencia que fue declarada nula”.


“Acá no se está valorando la actuación del doctor Juan Antonio Bernardi y de otros jueces”, agregó.


Dijo además Rochás: “Quiero dejar esto plasmado para que quede en actas”.


Finalmente, se aprobó el informe del instructor sumariante y el titular del Consejo de la Magistratura solicitó celeridad ante el nuevo planteo de la jueza Zágari.

 

El malestar de la familia por la resolución de la Magistratura

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Familiares de Atahualpa no ocultaron su malestar por la decisión que el Consejo de la magistratura tomó respecto de uno de los funcionarios cuestionados: el doctor Carlos Reussi, entonces juez de Instrucción de la causa.


De acuerdo a la resolución, el ahora juez de Cámara no afrontará el juicio político, sino que está expuesto a una sanción por parte del Superior Tribunal de Justicia.


Tampoco lo hará Ricardo Falca, entonces fiscal subrogante, ya jubilado.


En cambio, Daniela Zágari, podría ser juzgada por el mismo Consejo, hecho que no impidió ocultar el malestar de la familia por las demás resoluciones.


Denunciaron que, sin hacer lectura del informe que presentara oportunamente el legislador Casadei, los consejeros votaron a favor del informe que “dejaba fuera del sumario al juez Reussi”.


“Los consejeros votaron a favor de este informe que se contradice con los tres informes previos realizados por la Comisión Legislativa, la doctora Falucci por el Colegio de Abogados y el mismo legislador Casadei”, dijeron desde la familia.


Agregaron: “Queremos hacer responsables a cada uno de los consejeros y consejeras que participaron y sus titulares de esta evidente corporación a la que responden desde legisladores, simples abogados aspirantes a algún puesto y los propios funcionarios judiciales”.


“Ellos son la ‘gran familia‘ que se protege las espaldas. Aquí no hay intención de verdad, aquí hay intención de encubrir. Resulta imprescindible que la comunidad sepa los nombres de quienes hasta aquí dilataron, no nos oyeron y operaron para que Julieta muriera esperando de ellos una respuesta, y cuando lo consiguieron se sacaron las caretas”, denunciaron, y mencionan a todos los integrantes del Consejo de la Magistratura.

 

 

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