“Nos quieren manejar nuestros recursos pesqueros sin tener competencia”, manifestaron.
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Los legisladores Adrián Casadei y Alejandro Palmieri, de Juntos Somos Río Negro, impulsaron una declaración del Parlamento de Río Negro, rechazando los cambios que impulsa el Consejo Nacional Pesquero, mediante el cual la provincia perdería soberanía de su jurisdicción para definir las condiciones de pesca.


Hace unos días esta polémica explotó en Chubut. El secretario de Pesca, Adrián Awstin, y el sector pesquero, emitieron una declaración conjunta “al intento manifiesto de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) de soslayar la autonomía pesquera provincial, reaccionaron los diferentes actores de la industria pesquera local”.


En ese sentido, Casadei señaló: “De pronto, sin siquiera consultarnos, nos quieren manejar nuestros recursos pesqueros sin tener competencia”. E impulsó el rechazo de la Legislatura “a cualquier intento de avasallamiento de las jurisdicciones provinciales, relacionadas con la apertura de pesca de la especie Langostino, o cualquier otra especie de características tranzonal, siendo la misma una clara violación sobre las potestades constitucionales vigentes”.


Para el legislador “es muy llamativa la coincidencia entre la postura de la poderosa cámara pesquera nacional y lo que ahora intenta hacer el Consejo Nacional Pesquero (CFP)”.


La CAIPA, la semana pasada, presentó ante el CFP, una nota recurriendo a una serie de leyes, artículos y casos testigos, en la que solicitó que todo lo relativo a la pesca de langostinos, y otras especies sea resuelto por el organismo nacional y no por cada provincia como se venía haciendo hasta el momento.


Los legisladores rechazaron “toda medida que posibilite o habilite cualquier eventual apertura en aguas de jurisdicción provincial”. Se basaron en la Ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca), que en su artículo 3 establece que “las provincias con litoral marítimo podrán explorar, explotar, conservar y administrar los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y mar territorial argentino adyacente a sus costas”.


Cabe resaltar, además, que esto se encuentra amparado por el artículo 70 de la Constitución de Río Negro, donde se define a la provincia como propietaria originaria.
“El marco legal es claro y concreto”, resaltaron los legisladores y advirtieron que “no se puede disponer de los recursos naturales sin previo acuerdo”. Por tal motivo, dejan constancia de su contundente rechazo a “un acto que atenta contra el federalismo en sí mismo”.
 

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