El empresario sojero Gustavo Grobocopatel dijo: “Tengo muchos amigos muy inteligentes que les creen” (a los K).
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Lo dijo el empresario sojero Gustavo Grobocopatel a la Revista Veintitrés: “Tengo muchos amigos muy inteligentes que les creen (a los K). Verlos razonar y cómo pierden el sentido común me ayuda a entender la historia de la humanidad. ¿Por qué una sociedad como la alemana, tan culta y refinada, creó a Hitler?”.


Escribió el animador Jorge Lanata en el diario Clarín: “En 1959, Eugène Lonesco escribió “Rinoceronte”, una brillante metáfora sobre el nazismo; a lo largo de tres actos se ve como cada uno de los habitantes de un pueblo francés se convierten en rinocerontes. El testigo que lo relata es Berenger, un tipo común, un poco alcohólico, el único ser humano que no desarrolla la metamorfosis. Muchos nos sentimos como Berenger en estos años, hartos de no poder pensar en paz.”


Con pocas horas de diferencia, Grobocopatel y Lanata develaron uno de los modos en los que los personeros del “cambio” buscarán demonizar al kirchnerismo: semejándolo con el nazismo.


Es una mala praxis habitual de los nuevos gobiernos denostar al que se fue. Lógico: en ese cotejo, lo viejo pierde puntos frente a la esperanza de lo bueno por conocer. Pero comparar al kirchnerismo con el nazismo es, además de una grosería histórica, una brutal ofensa a las víctimas de un régimen criminal.


Con todos sus errores, que no fueron pocos, el kirchnerismo es un espacio político nacido y criado en democracia. Demonizarlo con comparaciones ofensivas y obscenas describe mejor a sus detractores que al espacio que se proponen erradicar.


La comparación con el nazismo es, sin embargo, el modo más brutal de una estigmatización que se ejecutará con distintas herramientas: políticas, comunicacionales y judiciales. En el primer rubro se aplica una práctica de manual: recurrir a la “herencia recibida” como explicación a todo. Desde los aumentos de precios a la fuga de tres convictos condenados, pasando por los cortes de luz y hasta el drama de las inundaciones, son consecuencia del “desastre” legado por los K.


Justas o no, el kirchnerismo deberá acostumbrarse a convivir con esas acusaciones: todos los gobiernos incluidos los de Néstor y Cristina Fernández-echaron mano del pasado para justificar sus contratiempos. Ese relato tiene fecha de vencimiento, claro, pero la caducidad recién ocurrirá cuando el nuevo gobierno pierda el brillo de lo nuevo y comience a desgastarse su vínculo con la sociedad. No hay plazos precisos para eso: todo dependerá de la velocidad con la que el macrismo consuma su crédito inicial y, también, con cuánto demore la oposición en lamer sus heridas, zanjar su interna y fraguar un mensaje que sintetice el humor social. Las tres cosas todavía están en veremos.


Las cosas ocurrirán con mayor celeridad en los tribunales, histórico termómetro del poder local. Algunos para congraciarse con el gobierno de turno, otros por afinidad o distancia ideológica, y una minoría que la hay-comprometida con la búsqueda de la justicia y la verdad avanzan en expedientes judiciales que tendrán a mal traer a varios integrantes del elenco K. El fallo por la tragedia de Once sirve como anticipo: la sentencia fue mucho más allá del episodio mecánico para posarse sobre el entramado que propició el desastre. El veredicto fue histórico, pero no, como se dijo, por condenar “la corrupción” un concepto genérico con varias acepciones en el Código Penal, sino por sancionar las decisiones de la autoridad política que debía gestionar.


En el caso del sistema ferroviario, la gestión fue tan deficiente que la sanción parecía una obviedad.


No ocurre lo mismo con otras decisiones políticas del gobierno kirchnerista que el macrismo pretende judicializar, como la firma del Memorando con Irán.


Esta semana volvió a tomar fuerza en los tribunales una maniobra para acusar a Cristina Fernández de “traición a la patria” por impulsar la firma del tratado. La operación se monta sobre el dictamen del camarista Juan Carlos Gemignani, quién intervino en el derrotero judicial que terminó con el reciente fallo de la Cámara de Casación que declaró inválido el Memorándum. En su momento, el controvertido magistrado sugirió que debía investigarse a la entonces presidenta por pretender “ceder soberanía judicial” a Irán mediante un tratado que, vale recordar, fue ratificado en el Congreso y avalado por juristas de prestigio internacional. Aquel disparate de Gemignani recobró insólita vigencia a instancias de un periodista de Clarín, quién reclamó que algún fiscal reflotara la denuncia. El flamante secretario especial para el Caso AMIA, Oscar Cimadevilla, abonó el terreno: celebró que un fiscal imputara al ex canciller Héctor Timermann por el mismo delito que se le pretende adjudicar a CFK.


La judicialización de decisiones políticas es una novedad de una táctica histórica: manipular la memoria colectiva a golpe de expedientes. No se trata, por supuesto, de propiciar la impunidad. Todo funcionario que haya cometido un delito debe ser castigado con rigor, luego de investigaciones rápidas, certeras y juicio justo. No es, sin embargo, lo que suele hacer la “justicia” local, que perpetúa el estado de sospecha como forma de acrecentar su propio poder, en complicidad con los medios de comunicación, que difunden indicios y acusaciones como cosa juzgada.


Las sentencias mediáticas son claves en el proceso de demonización.


En eso, no hay novedad. Hace medio siglo, la autoproclamada Revolución Libertadora ejecutó una estrategia similar contra Juan Domingo Perón. Esa dictadura pretendió erradicar al peronismo con proscripción, censura y masacres.


Los tiempos cambian, es obvio. Es inimaginable que todo aquello pueda repetirse hoy. Pero las ofensivas sugerencias de Grobocopatel y Lanata, como la de otros con menos lustre, muestran que hay malas costumbres que permanecen. Está en manos del gobierno determinar qué va a hacer con eso.


Para INFONEWS.
Por: Adrián Murano

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