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No es la intención de esta carta montarse sobre la ola de indignación contra el servicio de justicia que estamos transitando los argentinos, lo cual es sumamente delicado por cuanto se encuentra atravesado por la injerencia de la (mala) política.Por el contrario, mi intención es poner en conocimiento de todos los rionegrinos un caso testigo de lo que le puede ocurrir a cualquier víctima de delito, con la esperanza de que quienes integran este desprestigiado poder del Estado tomen debida nota en vista de adoptar un cambio.Durante mi mandato (2011-2016) como Presidente de una Asociación Mutual de la ciudad de Viedma con más de cincuenta años de existencia, ni bien iniciada la gestión, tuve la responsabilidad de promover una denuncia penal por defraudación contra quien fuera mi predecesor por estafa y administración fraudulenta. Aquella denuncia no solo respondió al deber que me correspondía como máximo directivo de la institución, sino también a la solicitud prácticamente unánime de los asociados de la institución presentes en asamblea general, enterados de los desmanejos ocurridos en la institución determinados por una auditoria administrativo contable externa. Así fue que respondiendo a mi deber y a aquel mandato expreso, no solo promovimos la denuncia penal sino que también nos presentamos como ‘querellantes‘ dentro del proceso para acompañar el trabajo del Ministerio Público y el por entonces Juzgado de Instrucción (vaya eufemismo) que entendía en la causa.


Muy a pesar de nuestra participación en el proceso como partes y de los numerosos actos impulsorios , la realidad es que los primeros seis 6 años de instrucción, gracias a la inactividad de un actual Camarista, los avances fueron prácticamente nulos. Jamás logramos que el Señor Juez de la causa (GB) nos atendiera personalmente; ni el juez, ni un secretario, ni un prosecretario, solo el personal de mesa de entradas pero sin respuestas frente a nuestras quejas por la inactividad procesal.


Sin embargo, por suerte para nosotros (consuelo de tontos resignados e impotentes) en aquel entonces, ‘los clavos se sacan para arriba‘. Así, con el ascenso del ahora Camarista y el ingreso de un nuevo Juez (JCM) primero y luego de un nuevo Secretario (GGS), finalmente luego de seis años la causa realmente comenzó a progresar.


Lamentablemente, al poco tiempo, este impulso se encontró con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal y en particular con la instrucción hacia los fiscales y nuevos jueces de garantías de apurar los procesos en trámite para cerrarlos a como de lugar.


En este contexto, el Fiscal de la causa (GGS) convencido de la existencia del delito por la cantidad y variedad de pruebas, acompañó a la querella en la continuidad del caso y puntualmente en la elevación a juicio del mismo.Acorralado frente a la contundencia de las pruebas, el imputado solicitó la suspensión del juicio a prueba con un ofrecimiento compensatorio vergonzoso frente al daño acreditado en el proceso: $ 20.000 con destino a la institución y en caso de no aceptarlos, destinado a la Cooperadora del Hospital Artemides Zatti de Viedma.


A pesar de esta propuesta risible que no significaba ni el uno por ciento del daño ocasionado a la institución, al novel Juez de Garantías que nos ‘toco en suerte‘ (AD) no le pareció una propuesta descabellada al punto que en una breve audiencia de no más de media hora, evidenciando que no conocía el proceso judicial y solo le interesaba archivar el expediente para la estadística, concedió al imputado la probation.


Disconformes con la decisión de AD y creyendo que el sentido común era una piedra normal o mayoritaria dentro del Poder Judicial, recurrimos el fallo. En esta nueva instancia, con nuevo juez (DZ), se ratificó la decisión del anterior sin considerar ninguna de las numerosas objeciones de la Fiscalía y de la Querella sino, por el contrario, permitiendo que el imputado se riera del Ministerio Publico, del sistema de justicia, de la ciudadanía y lo que es peor aún, de la propia víctima.


Resulta increíble entonces que al tiempo que en otras jurisdicciones se persiguen como nunca en la historia delitos ‘de guantes blancos‘, en nuestra provincia se hace lo contrario, incentivando la comisión de este tipo de delitos al proyectarse a la sociedad ejemplos como el del caso que comentamos, advirtiendo que ninguna consecuencia grave los alcanzará por más que hagan desaparecer $ 3.000.000.


Lo peor de este tipo de tratamientos es el segundo ultraje que se le provoca a la víctima de los delitos, esta vez no a manos del delincuente, sino desde la propia institucionalidad del Estado encargada de administrar justicia. Esto es inadmisible para cualquier sistema democrático menos aún para sistemas procesales que se llena la boca hablando de la tutela de las víctimas de delito y hasta lo postulan dentro de los principios procesales del Código Procesal Penal (Artículo 12.- Derechos de la Víctima. La víctima de un delito tiene derecho a la tutela judicial efectiva y a la protección integral de su persona frente a las consecuencias del delito, a participar del proceso penal y de la ejecución penal en forma autónoma y gratuita, en igualdad de armas con las otras partes y a solicitar del Estado la ayuda necesaria para que sea resuelto su conflicto y reparado su perjuicio).


Así, por lerda y carente de sentido común, la Justicia no es Justicia y no sirve a la sociedad. Y como dice el dicho popular ‘cuando la Justicia no es tal à se transforma en injusticia‘.

 

Casarini, Arnoldo Eugenio. DNI 8.212.401

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