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Como mujer, peronista y militante social cercana a la iglesia de los pobres, no estoy a favor del aborto. Ninguna mujer lo está en sentido estricto. El aborto es una tragedia de carácter individual, y como tal debemos desalentarlo. Pero la penalización no es el camino. Es una falta de respeto a las mujeres plantear eso, y una exhibición anacrónica de misoginia.


Como feminista, peronista y dirigente cercana a la iglesia tercermundista pienso que es un deber votar a favor de la despenalización del aborto, sin que eso impida ir mucho más allá en materia de derechos de las mujeres.


Debemos reconocer que el debate exhibió una aparente grieta, como en tantas cosas en nuestro país. Hay una dificultad en entender la mirada del otro y eso se reflejó en la polarización -falaz a mi juicio- entre los ‘provida‘ y los ‘proaborto‘.


Por un lado, vimos que algunos consideran inmoral el aborto y defienden su penalización. Por otro están quienes creen que es un derecho de la mujer que debería ser libre y en consecuencia despenalizado.


También hay un espacio de encuentro entre quienes, más allá de su opinión individual, entendemos que la penalización es injusta por su carácter selectivo y revictimizante. Muchos legisladores revisaron su postura al advertir esto.


Hay que ser provida de todas las vidas, y hay que defender la dignidad de la vida, y eso implica partir de los derechos individuales para llegar a una accesibilidad plena de los derechos sociales.


Comprendo a quienes tienen dudas honestas, ya que yo misma me siento cerca de la iglesia a la que le duelen los pobres, que se cuestiona las causas de la miseria y trabaja socialmente. De la iglesia que no excluye, que perdona y acepta la diversidad. Que es capaz de revisar sus antiguas posturas estigmatizantes.


Por último, más allá de todo, debemos vivir como un hito de nuestra democracia que este tema clave sea debatido en el ámbito propio que es el Congreso y no ser decidido por tres contra dos en un tribunal.


Este no es un problema de convicciones personales sino un problema de política pública, tanto en su faceta penal como en la más relevante de salud pública. Es un problema político que exige de nuestros representantes respuestas políticas que permitan incluir en la legalidad a la mayor cantidad de miradas, y no imponer a la totalidad una determinada postura moral o religiosa.


Por eso el voto de diputados y diputadas no es de su propiedad. Ellos son mandatarios de las millones de mujeres a las que representan y son las principales interesadas en sacar este tema del closet. Este compromiso es aún más grande para las legisladoras por haber sido beneficiarias del voto y del cupo femenino y portadoras de una voz todavía sub-representada.


Hoy miles de mujeres mueren en abortos clandestinos: conservar así el estado de las cosas no está a favor de la vida. Y requiere un cambio urgente. No podemos desentendernos de los efectos y consecuencias de las leyes y eso solo justifica la existencia del debate.


Con la despenalización sola no alcanza, es verdad. Hay que pasar de las palabras a los hechos. Hay que pasar de la perspectiva integral de derechos a las leyes, y de las buenas leyes a políticas, programas y acciones que prevengan, eduquen y acompañen. Pero quienes obstaculizaron la prevención no pueden hablar justo ahora.


En estos momentos históricos en los que las mujeres avanzamos por la igualdad real de derechos se resignifica la vigencia de Eva Duarte, que nos advertía que ‘de nada vale un movimiento feminista sin justicia social‘. Si Evita viviera apoyaría esta lucha por la despenalización de las mujeres, no tengo ninguna duda.


Si nuestros políticos no están a la altura de su tiempo, serán las mujeres las protagonistas reales del cambio, con o sin su apoyo. El tema ya está instalado en la sociedad, en las escuelas, en los barrios. Podrán demorar el debate pero no detener el curso irreversible de la hora de igualdad de las mujeres.

 

Malena Galmarini para Revista Anfibia (Extractos).
 

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