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Pocos días atrás nos ocupamos de la perversa utilización que hacen muchos padres separados de sus hijos, a quienes convierten en rehenes o en deleznable arma de combate de sus contiendas como expareja que no ha sabido elaborar adultamente su separación.

 

Es tan triste como vergonzoso comprobar cómo muchos progenitores, proveedores habituales de una cuota alimentaria para los hijos menores, incurren en retaceos, demoras e incluso imputaciones de compras que realizan unilateral e inconsultamente con su obligación dineraria, perjudicando gravemente a los chicos o forzando al depósito judicial en lugar de hacerlo en el banco pactado con quien tiene la guarda de los niños. Tampoco podemos dejar de mencionar las demoras en los ajustes, prevaliéndose de la prohibición de indexar, entre otras muchas formas que la imaginación mal intencionada es capaz de concebir.


Sabido es que, conforme a nuestra ley civil, ambos padres tienen la obligación de suministrar alimentos a sus hijos menores, con independencia de con cuál de ellos vivan los chicos, en tanto la custodia es hoy, en principio, compartida entre ambos. Para fijar la cuota se tienen en cuenta numerosos parámetros, como los ingresos de cada uno, la prestación de la vivienda, los cuidados personales de quien tiene la obligación principal de custodia, el nivel de vida y las presunciones que de este emanan, la forma en que se distribuyeron los esfuerzos económicos durante la convivencia, el patrimonio de cada uno de los padres -sea este propio o ganancial, la edad y el empleo o la posibilidad de obtenerlo, entre otras pautas que fija la ley.

 

Sentado que los dos progenitores tienen el deber de alimentos hacia sus hijos, y que estos incluyen todas las prestaciones necesarias para su desarrollo y bienestar -y no solo la alimentación propiamente dicha, es importante subrayar la necesidad de que los convenios a los que los padres arriben sean lo suficientemente claros como para evitar en lo posible las expresadas "chicanas", que no tienen, generalmente, por verdaderos destinatarios a los hijos menores, sino al otro progenitor, mayormente a las madres.


Esta insensibilidad que elige generar angustia en quien convive con los hijos, al ver que no le alcanza el dinero, que le depositaron de menos, que el pago se demora, que la inflación crece y la cuota no; esta actitud de quien no se ha podido sacar el enojo o la frustración de la separación y castiga al excónyuge mediante la reticencia en los alimentos para los hijos, es la que escandaliza vergonzosa y dolorosamente. El cinismo de quien devuelve el niño a casa con unas zapatillas nuevas y el mensaje: "Decile a tu mamá que se lo descuento de la cuota a fin de mes", describe prístinamente la conducta que censuramos. El niño resulta, muchas veces en estos casos, el mensajero que lleva la manzana envenenada. Llegará encantado con el regalo, agradecido con su progenitor, y no entenderá la expresión de disgusto de su madre o padre que tenía otras prioridades de gasto y que advierte claramente la aviesa intención del alimentante.

 

En muchas ocasiones esos malos tratos y esos chantajes económicos disparan a su vez indeseados y revanchistas comportamientos, como el de limitar o retacear la posibilidad de encuentros de los chicos con su otro progenitor, convirtiéndolos en expresos botines de guerra. En suma, los modos y las formas son infinitos; la metodología de la agresión que no advierte que está perjudicando a su propia prole, hiriendo a quien la cuida y la protege, no debería encontrar amparo alguno en la Justicia, que debería sancionar severamente, más allá de toda formalidad, estas conductas malsanas.


No nos cansaremos de proclamar la importancia del trabajo mancomunado que involucra a jueces, letrados, psicólogos o asistentes sociales para trabajar las separaciones de la mejor forma a fin de que se entienda y encarne aquello de que "no supimos ser esposos, pero seamos los mejores padres posibles".

 

Editorial de La Nación publicada del viernes 5 de enero.

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