Tamaño letra:

 

Desde el momento en que fue denunciada la desaparición de Santiago Maldonado, hemos sostenido que banalizar este caso o pretender utilizarlo políticamente para obtener ganancias improcedentes a costa de quienes gobiernan el país sólo sería un indicador de lo poco que algunos argentinos han aprendido de nuestras trágicas lecciones del pasado. Hoy, con la firme posibilidad de que el cuerpo encontrado el martes en el río Chubut sea el de Maldonado, es necesario insistir en ese punto. Es imprescindible que la prudencia se imponga a la búsqueda de cualquier rédito político inmediato, como el que pretendió cosechar la ex presidenta Cristina Kirchner lanzando desde un principio acusaciones absurdas para equiparar al gobierno nacional con una dictadura.

 

La sociedad argentina ha debido soportar en los últimos tiempos muchos fracasos judiciales resonantes cuando se ha tratado de esclarecer hechos de suma gravedad. Uno de los más consternadores es el vinculado con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Los vergonzosos procedimientos seguidos inmediatamente después del hallazgo de su cuerpo, en el departamento donde vivía, han sido un compendio de todo aquello que no debía hacerse para determinar la verdadera causa de su muerte. Cualquier argentino tiene el derecho a preguntarse qué puede esperar de la Justicia un ciudadano común si eso ocurre con una autoridad de la República que tenía a su cargo la investigación del más feroz atentado que sufrió la Nación. Nuestra desazón aumenta cuando se advierte que, en diversos lugares del mundo, gravísimos ataques terroristas son velozmente esclarecidos y sus responsables son rápidamente encontrados.


Lamentablemente, la primera etapa de la investigación judicial que siguió a la desaparición de Maldonado, a cargo del juez Guido Otranto -más tarde desplazado y reemplazado por el doctor Gustavo Lleral-, estuvo también signada por no pocos tropiezos y errores inadmisibles. Algunos, claro está, forzados por integrantes del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que buscaron por todos los medios obstaculizar la labor judicial. Entre ellos, impedir con amenazas el ingreso del juez Otranto y las fuerzas de seguridad a su cargo a determinadas áreas, con el pretexto de que se trataba de "tierra sagrada". La violencia de este grupo se puso de manifiesto en varias ocasiones, como en las últimas horas, cuando los enviados del gobierno nacional a Chubut fueron agredidos a piedrazos en el Pu Lof de la comunidad mapuche en Cushamen.

 

Muchos son los interrogantes que deja la actuación judicial. Cabe preguntarse por qué se demoró tanto tiempo en realizar rastrillajes en el río con perros especialmente entrenados para detectar la presencia de dióxido de carbono en el agua como los utilizados sólo este martes.


La extracción del cuerpo hallado en el río Chubut y su traslado a la morgue local se realizaron con una cadena de custodia y con la participación del perito de la familia de Maldonado, lo que parece brindar garantías de que no se produzcan irregularidades. La futura intervención del reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense es también un dato alentador.

 

Es menester que, en adelante, cualquier procedimiento judicial sea efectuado con el necesario profesionalismo, aprendiendo de los graves errores cometidos. Es indispensable que la autopsia que se realice sobre el cuerpo encontrado, una vez confirmada la identidad, no deje lugar a dudas sobre la real causa de la muerte y sobre el momento en que ésta se produjo. Sólo así se logrará que la sociedad argentina vuelva a creer en la Justicia.

 

Editorial de La Nación. 

Comentarios

Video del día

Noticias Relacionadas