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El discurso que pronunció el presidente Puigdemont el martes 10 de octubre en el Parlament de Cataluña, constituyó un punto final provisorio luego de los hechos que han venido sucediendo en los últimos años y que deberían tener como colofón el nacimiento de la República Catalana.


La primera consulta al pueblo de Cataluña tuvo lugar el 13 de septiembre del 2009 en Arenys de Munt y se limitó al ámbito municipal y no fue vinculante. Había sido impulsada por el Moviment Arenyenc per a l’Autodeterminació. En esta consulta se formuló exclusivamente a los vecinos de Arenys de Munt la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo en que Cataluña pase a ser un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?


A partir de entonces, se sucedieron más y nuevas apelaciones al pueblo catalán que constituyeron hitos en su camino a la actual situación. Entre esos hitos, uno muy destacado fue la gran manifestación por los recortes arbitrarios del nuevo estatuto de Autonomía que había sido votado por el Parlament, refrendado por la población y aprobado por las cortes de Madrid.


Lo anteriormente escrito, es un punto clave en el planteo independentista: se jugó el derecho a ser oídos y respetados. Hasta ese entonces no se podía hablar de una mayoría independentista, pero no paró de crecer a base del atropello a los derechos ciudadanos. Creció a base de salir a defender sus derechos individuales de ser oídos y de defender su futuro.


Esta íntima fuerza motivadora dinamiza el acontecer social y político de Cataluña y no parece sensato fundar esperanzas de comprensión del sentido último de nuestra lucha por parte de una clase política, tanto española como del espacio europeo, que ha permanecido sorda a todo cuanto no sea el rígido mantenimiento del statu quo.


Si cruje el Estado español y la incertidumbre por el futuro que cierne sobre la Unión Europea ello no ha de deberse, sin dudas, al afán independentista de Cataluña sino, por el contrario, a razones infinitamente más complejas, entre las cuales la corrupción y los problemas sociales que llevan décadas sin soluciones a la vista (como la crisis de los refugiados), han de tener alguna entidad como causas de la actual crisis española y continental. Allí debería dirigir su mirada la clase política europea, en vez de prender velas al cielo ante lo que denominan ominosa amenaza de secesiones nacionales por parte de otros pueblos que tal vez pudieran seguir el ejemplo de Cataluña. Ello no tiene porqué ser necesariamente así.


Cataluña no tiene nada más (pero tampoco nada menos) que la fuerza de la gente en las calles, esto es, un pueblo que reclama una vida más digna para sus habitantes y exhibe, orgulloso, una larga historia de luchas por su libertad.


Por Josep Puig Bóo para Página 12.
Presidente de la Asociación Catalana de Socorros Mutuos Montepío de Montserrat.

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