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Como ciudadanos conscientes de la pertenencia a una sociedad organizada, nos corresponde reclamar ante las autoridades cuando una determinada situación así lo amerite o disponer de la suficiente hidalguía que destaque o agradezca toda decisión, proveniente del Presidente, un gobernador, un legislador o un juez cuando la misma se produzca en beneficio del conjunto.


En este caso en particular, quiero referenciar la autorización emitida por el juez penal Roberto Gaviña, de Choele Choel, respecto al permiso extendido para autorizar el descenso al fondo del jagüel, ubicado en cercanías de la mencionada ciudad, a los fines de constatar si en el interior del mismo, se encuentran los restos del joven Daniel Solano, desaparecido hace cinco años.


En ese sentido, debemos ser solidarios y demostrar empatía con su familia y amigos, los cuales necesitan que sus restos descansen en paz. Resulta muy difícil para un padre no poderle dar cristiana sepultura a un hijo fallecido.


Debemos valorar este tipo de determinaciones porque todos, y mucho más el juez, queremos conocer el destino final del joven salteño desaparecido hace un lustro atrás. Nuestra empatía con la familia debe transitar por el camino y el reconocimiento de los actos prudentes y conducentes en la búsqueda de la verdad absoluta en el episodio ocurrido. Maldonado y Solano no desaparecieron solos, fueron obligados a desaparecer.


La acción de descenso al jagüel resulta compleja y arriesgada pero adoptando todas las medidas de seguridad, seguramente un bombero o rescatista podrá descender hasta el fondo y verificar la posibilidad de encontrar los restos óseos.


Acertada decisión del juez Gaviña, demuestra competencia en su accionar y dicha acción debe ser valorada en su medida por la sociedad. Lo que antes se denegó ahora se autoriza. La justicia debe actuar de ese modo, con probidad, rapidez y ecuanimidad.

 

Por Miguel Ángel Knecht
DNI 14.727.625 

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