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Con toda justicia, hace muy pocos días, la mayoría del pueblo argentino se ha expresado, demostrando su férrea voluntad de reclamar y formulando un severo llamado de atención, para lograr la aparición con vida del joven Santiago Maldonado. Resulta justo que la sociedad se movilice por este lamentable suceso, donde presuntamente se intuye el ocultamiento de la comisión de un delito mucho más grave que la sola desaparición de su persona.

 

En ese sentido, se ha observado un rasgo distintivo a lo largo del país, la presencia de una característica común con respecto al reclamo. Ese rasgo característico lo desjerarquiza, desvaloriza, le resta originalidad y hasta resulta dubitativo la búsqueda del objetivo final, tal vez por la posible politización del tema en vísperas del proceso electoral. El común denominador está precedido por la necesidad de arruinar o escribir grafitis en las paredes de los lugares históricos y/o públicos como pueden ser las pintadas al Cabildo o a las Gobernaciones Provinciales.

 

El llamativo hecho ha resultado una constante repetitiva en las manifestaciones que se realizaron en todo el país. En la actitud de recurrir al daño público sistemático, se pergeña la necesidad de imprimirle mayor intensidad y violencia al reclamo original.

 

En esa línea, se acuerda con el principio supremo de la vida humana dado que resulta un valor superior ante todo lo demás, sobre cualquier bien que exista sobre la tierra, pero recurrir a la acción de arruinar un organismo público para demostrar el grado de insatisfacción de la masa, puede erizar la piel de cualquier persona y generar un espiral de mayor violencia.

 

Entonces surge la incógnita: ¿Para combatir un delito grave se justifica incurrir en otra transgresión menos lesiva? Sería como quejarse del accionar caníbal, fagocitándose a uno de la tribu. O sea, ocasionó un daño menor porque presuntamente le pudieron ocasionar un daño mayor al joven desaparecido. En principio, esa sería la hipótesis de la cuestión. Violencia que se trata de combatir con otra violencia pero dosificada.

 

En ese mismo orden, se ha podido constatar que la Casa de Gobierno de Río Negro ha sido pintada más de 10 veces en los últimos cinco años, hasta 2 veces por año, como si los que estuvieran en su interior tuviesen relación directa con la comisión del delito que se investiga. Los costos de la pintura se solventan con la erogación de los fondos provenientes de los impuestos provinciales que todos los rionegrinos pagamos mensualmente. Que quede claro, no se trata de una defensa al Gobierno actual sino el resguardo de las instituciones que todos debemos garantizar mediante el orden y la paz social.

 

Por último, adhiero al reclamo social producido por la desaparición de Santiago Maldonado pero sin la utilización de estos métodos violentos de reclamo, afectando y arruinando los bienes del Estado que son también nuestro patrimonio. El inicio de la grieta es éste, después desencadena en la violencia física de personas contra sus pares y por último, -que Dios no lo permita- , puede desembocar en una guerra civil entre nosotros, los argentinos.

 

Por Miguel Ángel Knecht
DNI 14.727.625

 

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