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A pesar de que todas las investigaciones coinciden en que las mujeres que ocupan cargos públicos en el sistema democrático son más honestas que sus pares varones, la sociedad machista y patriarcal no tolera a las mujeres en lugares de poder, exigiéndole condiciones que no les piden a los varones, y hasta persiguiéndolas con un alto grado de violencia simbólica.


Cristina Fernández de Kirchner culminó su mandato con altísimos niveles de popularidad, luego de una década donde se restituyeron derechos en la Argentina, se redujo la pobreza y se avanzó en múltiples aspectos relacionados con la ciencia e investigación, la Educación, la Salud, la Vivienda, el Trabajo, la cobertura previsional y los Derechos Humanos.


A pesar de todos estos logros- reconocidos a nivel internacional- no cesa la persecución a la expresidenta con denuncias que rozan lo absurdo y terminan teniendo un efecto boomerang para Macri y sus cómplices.


Milagros Salas- que además de ser mujer es quechua y de sectores populares- fue encarcelada hace más de un año por reclamar en la Plaza de Jujuy. Todo un aparato mediático-empresarial salió a condenarla y a convencer a la ciudadanía de que estaba bien apresarla -sin respetar ningún procedimiento constitucional-, al mejor estilo de la dictadura cívico-militar.


En un plano más local, Maru Martini recibió el municipio de Bariloche en llamas y lo entregó tres años después, con los sueldos al día, con múltiples obras y proyectos en marcha. Ni Maru Martini, ni su idóneo equipo de gobierno tuvo una sola denuncia durante su gestión, pero lo primero que hace el actual Intendente es acusarla mediáticamente de malversación de fondos específicos. La denuncia de Gennuso es improcedente ya que es lícito el manejo de un fondo único de las cuentas oficiales.
El último y más reciente ejemplo es el de Julieta Wallace, del Tribunal de Contralor, acusada por Gennuso de violar la ley de Ética Pública por acompañar una protesta de los recicladores.


La falacia de la denuncia del intendente es que la Ley de Ética Pública prohíbe a los funcionarios representar a empresas con intereses contrarios al Municipio.
Analizando la diversidad de casos mencionados, se observa que todos tienen en común ser ataques virulentos que toman un alto grado de exposición mediático, carecen de sustento jurídico- rozando por momentos el ridículo- y parecen tener poca vida en el plano judicial; pero quienes sufren las consecuencias y son verdaderas víctimas ‘casualmente‘ son todas mujeres que se animaron a ocupar espacios en el ámbito público, con destacadas actuaciones en sus gestiones y parecería que por eso se las busca destruir políticamente con la difamación y la calumnia.

 

Por Jorge Luis Vallazza
Legislador Provincial FPV Río Negro
(Fragmentos) 

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