Todavía subsisten en las calles 1700 metros cúbicos de escoria.
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En una audiencia realizada durante la mañana del miércoles en la sede del Superior Tribunal de Justicia, la Defensora General de la provincia, Rita Custet expresó su malestar ante la falta de respuesta de los referentes de la Secretaría de Políticas Mineras de Nación por el cese de los trabajos en el marco de la remediación ambiental en San Antonio Oeste.

 

Ante esta situación y el aviso del retiro de la empresa Taym, que estaba realizando los trabajos, el Ministerio Público solicitó que la misma (que ya ha removido 70.000 metros cúbicos de escoria) no cierre la celda, ni se retire del lugar hasta incluir en la misma 1700 metros cúbicos restantes que aún subsisten en las calles y veredas de la zona de La Fundición, tarea que se consideró como la más urgente.


En el mismo sentido la ingeniera Patricia Llonch, en representación de la Multisectorial, planteó salidas técnicas a la situación e informó que con cinco días de trabajo podría concluirse la tarea de remoción y traslado de los residuos tóxicos.

 

Pese a la insistencia del Juez de amparo, Enrique Mansilla, de que se busque una alternativa administrativa a la situación, los representantes legales de la Secretaría de Políticas Mineras de Nación se negaron a evaluar toda posibilidad al respecto, dejando a la comunidad sin respuestas efectivas.


Ante ello, la Defensora General pidió "redoblar los esfuerzos de los tres estamentos gubernamentales intervinientes (Nación, Provincia y Municipio) en atención al interés en juego: la salud de los niños y niñas de San Antonio Oeste”.


Además, solicitó el cercado y la señalización de los lugares que han quedado sin remediar a efectos de resguardar a la población; en consonancia con la postura que en la localidad transmitiera el Procurador General, Jorge Crespo.

 

Custet expresó: “Se ha invertido una importante suma de dinero en esta remediación, no resulta razonable que pretendan abandonarlo sin remover el foco de contaminación urbana”.

 

En ese sentido, se debatieron posibles salidas alternativas, propuestas por la Multisectorial para intervenir en las zonas urbanas, volcar los residuos a la celda y cerrarla. “Esta tarea debe realizarse ahora, no podemos esperar una nueva licitación que implica procesos que pueden requerir años”, coincidieron los referentes del Ministerio Público y de la Multisectorial.

 

El Juez de Amparo, Enrique Mansilla dispuso finalmente que antes del 9 de abril se presente un informe sobre las acciones que se comprometen a realizar la Provincia y el Municipio, ante la situación denunciada. Además dispuso que deba ser el Municipio, en una acción simultánea a la de la propia empresa, el responsable de señalizar aquellas zonas que fueron objeto de los trabajos de remediación e informarlo a la comunidad.

 

De la audiencia participaron más de una veintena de personas, entre las que se encontraba el Intendente de San Antonio, Luis Ojeda, la Secretaria de Medio Ambiente, Dina Migani, el fiscal de Estado Julián Fernández Eguía y referentes de la Defensa, la Multisectorial y el Ministerio de Salud, además de los funcionarios nombrados.

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