La concejal peronista habia calificado a la Procuradora Baquero Lazcano de "inmoral". La respuesta llegó de inmediato por parte de la jefa de los fiscales.
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El ministerio Público Fiscal respondió las acusaciones de la concejal del Frente para la Victoria Silbana Cullumilla, quien había calificado de "inmoral" a la Procuradora Silvia Baquero Lazcano tras el dictamen en el que la funcionaria judicial opina acerca de la ordenanza de paritratias, impulsada por la edil viedmense. 

 

"Es importante destacar que los dictámenes emitidos por la Procuraduría no tienen carácter vinculante, es decir, constituyen opiniones del titular del Ministerio Público. En todos los casos la decisión final la adopta el Superior Tribunal de Justicia a través de una sentencia, pudiendo coincidir o no con lo sugerido", explicaron desde el organismo.

 

No obstante ello, agregaron uque "no debería perder de vista Collumilla, que detenta un cargo público que requiere, ante una argumentación con la que disiente, que la respuesta brindada sea otra argumentación y no un agravio".

 

 “La procuradora es una inmoral, porque tanto ella, como los jueces del STJ tienen un evidente conflicto de intereses al resolver éste caso”, había dicho Cullumilla.

 

Cabe recordar que la Procuradora aludió a la intervención de un poder municipal por sobre otro, a partir de la sanción de la Ordenanza 7818 del Concejo Deliberante, que a criterio de Baquero Lazcano "efectivamente invade facultades indelegables y exclusivas del Poder Ejecutivo Municipal”. Destaca que la Carta Orgánica Municipal determina claramente los Poderes en los que se divide el Estado Municipal y las funciones inherentes a cada uno de ellos.


Asimismo refiere al Decreto 1704/03 -en vigencia incluso después de la aprobación de la Carta Orgánica Municipal en el año 2010- que crea la Mesa de la Función Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo, compuesta por el Intendente Municipal, dos miembros del Poder Ejecutivo y un vocal titular y uno suplente de cada uno de los gremios reconocidos.

 

De esta manera, la normativa cuestionada, quita, según la opinión de la Procuradora, de la esfera de la Mesa de la Función Pública –encabezada por el Sr. Intendente- una potestad que le es propia, para asignársela a una Comisión integrada por distintas autoridades municipales.

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