Pidieron que Diputados y Senadores le reclamen otro proyecto al Ejecutivo, en base a un informe remitido al Comité de la ONU.
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Los concejales viedmenses de la oposición, Evelyn Rousiot, Diego Santos, Mariana Arregui y Facundo Montecino presentaron una iniciativa para que Diputados y Senadores le reclamen al Poder central la elaboración de un nuevo Presupuesto Nacional 2019, conforme las críticas hechas al mismo.


Para fundamentar el proyecto, los ediles se basaron en un estudio que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) remitió al Comité de la ONU encargado de evaluar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).


Dicho análisis expone que Argentina presenta desigualdades estructurales y las medidas políticas y económicas tomadas desde fines de 2015 agravaron la situación, produciendo una transferencia de ingresos hacia los sectores privilegiados, una tendencia hacia la reprimarización del sistema productivo y un proceso acelerado de endeudamiento público.


Entre los datos más resonantes del estudio se destacan: la caída del salario real, la ampliación de la brecha entre los sectores de mayores y menores ingresos llegando, recortes a los subsidios y se reformó de manera regresiva el sistema jubilatorio y de seguridad social.


Finalmente, el Comité DESC de las Naciones Unidas le señaló al Estado argentino que las decisiones de política económica y financiera no pueden desconocer sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Señaló, asimismo, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debería haber tenido en cuenta esos compromisos y que, en ningún caso, las medidas que se deriven de ese pacto pueden implicar el recorte de políticas que garantizan derechos sociales.


En ese sentido, los autores de la medida indicaron que “el Presupuesto 2019 presentado semanas atrás por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, representa claramente un presupuesto para el ajuste a solicitud del FMI. Las medidas allí expuestas favorecen una profundización de la crisis en las provincias, un debilitamiento mayor de las economías regionales y la desprotección de sector”.

 

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