Rechaza las paritarias municipales. Emitió un dictamen favorable a los intereses del intendente Foulkes. Ahora, resuelve el Superior Tribunal de Justicia.
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Un dictamen de la Procuradora General Silvia Baquero Lazcano podría echar por tierra la polémica ordenanza sancionada el año pasado con siete de los nueve concejales que conforman el parlamento local, la cual habilita a los tres poderes del Estado municipal a discutir los incrementos salariales de todos los empleados de la comuna capitalina.


Sucede que si el Superior Tribunal de Justicia acepta los criterios de análisis expresados por la jefa de los fiscales, será el Poder Ejecutivo municipal el único habilitado a sentarse a dialogar con las representaciones gremiales.


Sin embargo, la ordenanza que creó la comisión colectiva se encuentra vigente, y es por ello que la Secretaría de Trabajo convocó a las partes a una primera audiencia, donde no se escucharon ofertas.

 

El Ejecutivo, para no dilatar los tiempos, propuso volver a la Mesa de la Función Pública hasta tanto se subsane la cuestión judicial, pero Soyem-el gremio de mayor representación- adelantó la negativa y anunció su participación en la segunda convocatoria, prevista para el próximo jueves.

 

“Se advierte que la ordenanza en crisis desplaza las facultades propias del intendente en lo relativo a las potestades que hacen a la administración del Municipio, en particular en materia de recursos humanos y en cuestiones presupuestarias, atribuciones privativas del jefe comunal”, sostuvo Silvia Baquero Lazcano en su dictamen.

 

Había sido Foulkes quien presentó un recurso judicial denunciando la intromisión de los restantes poderes del Es­tado en acciones que hasta ese momento estaban bajo la órbita del Ejecutivo.


La presentación se produjo tras el rechazo al veto que la inmensa mayoría de los concejales habían aprobado en noviembre el año pasado.


“Resulta clara la acción de intromisión del Poder Legisla­tivo Municipal en la esfera del Poder Ejecutivo- interfiriendo, principalmente, en la relación de empleo de los agentes mu­nicipales que lo componen instrumentada con la emisión de la norma en estudio”, continuó Baquero Lazcano.


Consideró la funcionaria que la ordenanza en cuestión debe ser declarada nula.


Según Lazcano, “no queda ahí la intromisión en el ámbito de otro poder”. Asegura la jefa de los fiscales que la ordenanza vetada, aprobada y promulgada “delega en titulares del gobierno municipal, funciones no previstas por la Carta Orgánica, delegando -por ejemplo- atribuciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo al Tribunal de Cuentas, como lo es la discusión y decisión en materia salarial”.

 

Ahora, el Superior Tribunal de Justicia deberá dictar sentencia.

 

Vale aclarar que el dictamen de la Procuradora no es vinculante.

 

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